Desarrollo extractivista vs biodiversidad

La presión de la opinión pública obligó la semana pasada, a que en Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revocará una licencia a Hupecol, empresa petrogasifera Norteamericana para explorar y explotar 150 pozos de petróleo en zonas de los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Los Picachos y Serranía de la Macarena.

En estos lugares se encuentra una de las maravillas del mundo, el río de los cinco colores o más conocido como Caño Cristales. Este lugar está ubicado en la Macarena, departamento del Meta en Colombia.  Y es conocido a nivel mundial porque en las rocas del afluente nacen diversas algas de colores que forman una vista alucinante. Estos colores se deben a la planta acuática conocida como Macarenia Clavigera endémica de la zona.

Esta es sólo una de sus particularidades. La región es considerada como un importante refugio de vida silvestre en el mundo y la interacción de sus diferentes ecosistemas (andino, Orinoco y amazónico) lo convierten en un lugar de gran biodiversidad, y por ende, de gran interés científico por su alto endemismo en flora y fauna.

La discusión sobre el lugar es que la licencia ambiental de 150 pozos para una zona de 30.887 hectáreas en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta) había sido otorgada sin contemplar que afectarían los acuíferos y varios ríos que se conectan a Caño Cristales, lo que puso en debate a los sectores en pro y en desacuerdo con la medida. Unos porque creen que la presencia de hidrocarburos no causaría daños ambientales porque sería a 68 km del río en cuestión.

 

Caño Cristales. Foto: Mario Carvajal                  

 

 Serranía de la Macarena. Imagen: Coloparques

Para Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, empresa nacional, los pozos petroleros están a 1.000 y 3.000 metros por debajo de los acuíferos por lo que no hay forma de que las fuentes se contaminen. Expreso en un debate político.

Posición que contradijo el profesor Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos de la Universidad de Santander al expresar que al sacar el crudo se hacen unos poros en las rocas que por ley de gravedad se llenan de agua secando los acuíferos que están en un nivel superior, y por ende afectando todo el sistema hídrico en la zona.

Al final sin argumentos, el presidente de Ecopetrol retó al profesor a que buscaran en Google y se diera cuenta que hay más terrícolas secuestrados por alienígenas que acuíferos secados por industria petrolera. Lo que fue burla nacional y obligó al siguiente día al Presidente Juan Manuel Santos revocar la licencia.

Todo este debate, para poner en cuestión, sí se prioriza el cuidado de la biodiversidad o la economía extractivista, motor del gobierno actual.

Esto teniendo en cuenta que el actual proceso de paz en la Habana, que busca luego de más de 50 años el fin del conflicto armado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. Se ha convertido en una luz verde para la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales en lugares donde antes hacían presencia la FARC. Al respecto, el mismo Carlos Echeverry, director de Ecopetrol, señaló que la paz debía permitir a todas las petroleras ingresar a zonas cercanas al Amazonas para sacar más petróleo.

Algunas comunidades especialmente campesinos e indígenas temen que con la desmovilización del grupo armado se den licencias para explotar recursos. Como por ejemplo, la Macarena, donde la fuerte presencia de grupos armados limitó en otros tiempos la entrada de empresas extractivistas.

Con este panorama es urgente que Colombia piense el tipo de desarrollo y economía que sustente el país sin generar la desigualdad e injusticia social, económica y ambiental que sufren actualmente las comunidades que viven en zonas de alta riqueza natural.

Pero por otro lado, quienes viven de los hidrocarburos como de actividades extractivistas, la revocatoria de las licencias ambientales les preocupa seriamente pues implica inseguridad e inestabilidad jurídica para la inversión privada, nacional y extranjera. Una mirada económica que pareciera no poder convivir con la conservación.

Así fue el caso de la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, extractora de oro que anuncio que demandará a Colombia, país que luego de la presión social con el Caso de Santurbán impidió la minería en páramos y zonas protegidas. Esta decisión según Eco Oro, viola el Tratado de libre comercio con Canadá y sus inversiones. Pero no es el único caso, la empresa multinacional Tobie Mining Inc., extractora de oro, pidió ante un tribunal de arbitraje ser indemnizada por 16,5 billones de dólares al negarle una concesión que se le había concedió positivamente pero que era ilegal para explotar durante 29 años oro dentro del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis en el Amazonas Colombiano.

Una situación donde las entidades ambientales conceden licencias ilegales y al ser descubiertas acarrean sanciones económicas, que los ciudadanos deben pagar. El reto en tema de protección ambiental y desarrollo es bastante espinoso. El país además de sufrir por la corrupción no se ha pensado en una política sería que incluya la producción de tecnologías limpias que vaya sustituyendo la dependencia económica del petróleo y a la vez salve la biodiversidad y el bienestar de las comunidades indígenas y campesinas, que como en el Putumayo, temen ser desplazadas y empobrecidas con la llegada de la industria extractivista.

Por ahora, el caso de la Macarena, es un triunfo de los ciudadanos, que gracias a la presión de la opinión pública y de los líderes de la región y los medios nos permitirán seguir disfrutando de Caño cristales, de sus cinco colores, de sus algas endémicas, y por ahora, seguirá siendo el río más bonito del mundo con toda la biodiversidad que lo rodea.