El protagonismo del operador en la nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental

Post conjunto de Fernando Nájera García-Segovia y Marisa Sánchez Urrea

La controversia está servida con la reciente aprobación por el Consejo de Ministros, y su remisión a las Cortes Generales, del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

Esta ley, fruto de la trasposición de la Directiva 2004/35/CE, establecía, entre otras cosas, un régimen de responsabilidad objetiva ante eventuales accidentes de carácter ambiental que se estimó podría obligar a más de 300.000 operadores a elaborar un análisis de riesgos verificado por un tercero y a suscribir garantías financieras con las que responder en caso de producirse un daño al medio ambiente.

El Proyecto de Ley que lanza ahora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente plantea eximir de la obligación de constituir una garantía financiera a un buen número de actividades por considerarlas de bajo riesgo. Esto aboca a que, en principio, la contratación de seguros de responsabilidad ambiental o de otra garantía financiera se limite únicamente a aproximadamente 6.000 operadores, quedando exentos de esta obligación aquellos que cumplan con los siguientes criterios:

  • Los titulares de actividadessusceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.
  • Los titulares de actividades que sean susceptibles de ocasionar daños cuya reparación esté comprendida entre los 300.000 y los 2.000.000 de euros, siempre y cuando acrediten estar adheridos al Reglamento EMAS o a la norma de gestión medioambiental UNE-EN-ISO 14001:1996.
  • Los que utilicen productos fitosanitarios y biocidas recogidos en el apartado 8 c) y d) del Anexo III, con fines agropecuarios y forestales.

Uno de los aspectos del nuevo Proyecto de Ley que ha suscitado mayor debatees la autonomía de que se dota al operador. Aquellos operadores obligados a la constitución de la garantía financiera adquieren un protagonismo notable al sustituirse la verificación del análisis de riesgos por un tercero por una declaración responsable del promotor, siendo éste, además, quien determinará y comunicará a la autoridad competente el montante de la garantía, sin ser necesario que dicha autoridad dé su aprobación.

Seguro mediante o no, de lo que no se puede eximir a ningún operador es de la responsabilidad derivada de sus actos y del principio de “quien contamina, paga”. Es innegable que la existencia de una obligatoriedad de fijar unas garantías en base a unos riesgos objetivamente establecidos y que son autorizadas explícitamente por la Administración, puede generar una mayor seguridad de que el operador va a poder afrontar económicamente su responsabilidad en caso de accidente. Sin embargo, al dejar las decisiones antes mencionadas en manos de los operadores, cabe preguntarse:¿está nuestra sociedad preparada para notener que “obligar” a contratar seguros de responsabilidad ambiental a todos los operadores con potencial de generar daños en el medio ambiente?

Desde un punto de vista empresarial, parece evidente que el operador debería ser el primer  interesado en tener bien cubiertos los posibles riesgos medioambientales en que pudiese incurrir su actividad, fundamentalmente porque todos los daños que deba reparar o las sanciones que le fuesen impuestas redundarían directamente en su cuenta de resultados y, por ende, en la viabilidad de su negocio. No obstante, existen muchos otros actores que deben tomar parte en este ámbito, evitando dejar todo el peso en manos de una Administración intervencionista a la par que rígida y poco operativa. Estamos pensando en el papel fundamental que juega, y debe jugar cada vez con mayor determinación, una sociedad civil que debemos articular entre todos de tal forma que sea capaz de exigir esas responsabilidades que el Estado no es capaz de detectar o que, aun identificadas por éste, no logra hacer efectivas. Una vez que lográsemos esto, incluso los operadores, que son parte de la sociedad, actuarían no tanto en previsión de ahorrarse una indemnización o una sanción, sino por el convencimiento de no enfrentarse a la opinión pública.

Muchos desmanes ambientales no se persiguen y no se hacen reparar porque nadie se ocupa de ello. Esto no ocurriría si tuviéramos una sociedad civil estructurada y activa que se implicase en este sentido, entendiendo por sociedad civiltodo tipo de agrupaciones o asociaciones de afectados por una determinada contaminación, ya sea por contaminación atmosférica, destrucción del paisaje, enfermedades, protección de la fauna, etc. Cuando se construye una autopista y se destroza un paisaje, todos nos conformamos y nadie es capaz de articular su defensa ante un juzgado; de la misma manera, poco movimiento social se genera cuando una población se ve afectada por el tráfico o por un exceso de ruido. No hacen falta tantas leyes, reglamentos y órdenes ministeriales, sino más voluntad ciudadana de hacer cumplir las que hay,  articulando los mecanismos necesarios para erigirse en legitimados para reclamar lo que se considere justo y construir instrumentos que permitan valorar los diferentes daños ambientales que puedan afectara la sociedad, ya sea individual o colectivamente. Y en todo esto, las garantías financieras son una herramienta más, que bien contemplada, puede ser muy útil.

En definitiva, nos atrevemos a concluir este artículo afirmando que la sociedad en su conjunto, y los emprendedores en particular, sean personas físicas o jurídicas, deben asumir cada vez más una actitud responsable, de modo que, cuando emprendan un negocio, sea éste de la naturaleza que sea, han de hacer no sólo un estudio de mercado, un planteamiento financiero o un plan de marketing, sino que todo ello debe ir acompañado de un análisis de los riesgos ambientales que la nueva actividad podría implicar y, en base a todos ellos, tomar las decisiones más oportunas, las cuales pueden pasar desde no iniciar aquello que se habían planteado, a dotarse de una garantía financiera, sea esta un seguro, un aval o una provisión, o a tomar cualquier otra medida encaminada a evitar el riesgo. Y todo ello no sólo porque haya unas normas jurídicas que te obliguen, sino sobre todo porque la sociedad está cada vez más alerta y más dispuesta a exigir que repares los daños que provoques con independencia del cuidado que hayas desplegado o de la obligación que tengas de asegurarte o no.

                  Marisa Sánchez Urrea                 Fernando Nájera García-Segovia