El vaivén de las Costas Españolas

La hasta ahora vigente Ley de Costas de 1988 ha quedado definitivamente modificada tras la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral.

Este nuevo texto, como no podía ser de otra manera, ha venido acompañado de una fuerte polémica. Lo que los senadores del PP planteaban en el Senado el pasado 23 de abril como aspectos positivos de la Ley son para sus detractores simples trampas para volver a desproteger la costa.

Una de las modificaciones más sonadas es la reducción de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros para las casas construidas antes de 1988 que no quedaron reguladas con la anterior Ley de Costas. Las viviendas levantadas en esa zona de servidumbre están sometidas a controles muy estrictos, siendo prácticamente imposible modificar esas construcciones. Aunque el Ministerio insiste en que la nueva ley prohíbe expresamente aumentar la edificabilidad tanto en dominio público como en la zona de servidumbre de protección, al disminuir tan drásticamente esta zona de servidumbre, se estaría desprotegiendo una franja de 80 metros que muchos expertos creen que, a pesar de que el gobierno insiste en que sólo podrán hacerse remodelaciones, propiciará la edificación de muchos de esos tramos de costa. De esta forma, se abre la puerta a una clasificación del suelo como urbano para aquellas zonas con construcciones previas a 1988 que ocupen al menos un tercio de la superficie considerada. Este criterio que, comparado con el que exigen las legislaciones urbanísticas autonómicas a la hora de calificar un suelo como urbano, es más permisivo, puede encontrarse también con dificultades a la hora de saber con precisión si las condiciones que establece la ley se cumplían o no en 1988. Quienes tendrán la competencia a este respecto serán los Ayuntamientos, con la supervisión de las Comunidades, algo que está despertando “malas vibraciones” entre sus detractores dada la tolerancia que han demostrado muchas Administraciones en lo que a la ordenación territorial se refiere.

Otra medida polémica ha sido el establecimiento de concesiones de hasta 75 años para unas 10.000 viviendas que se encuentran dentro del dominio público y que, conforme a la Ley de Costas de 1988, deberían empezar a demolerse en 2018. El objetivo de esta medida es defender a aquellas personas que adquirieron viviendas de manera legítima y que se vieron después desposeídas por la Ley del 88. Aquí entramos en una gran controversia. Durante los últimos años nuestras costas han sufrido una urbanización desordenada, mal planificada y, en muchos casos, ilegal, que ha generado una presión insostenible sobre el litoral. No deben pagar justos por pecadores pero, por otro lado, no sólo debemos procurar no cometer los errores del pasado, si no que debemos intentar remediar en la medida de lo posible aquellos errores que esté en nuestras manos corregir y tratar de recuperar un espacio costero más sostenible.

Otras de las medidas que contempla la nueva ley incluirían la legalización de 12 núcleos de población que se encuentran en dominio público; una cláusula “antialgarrobicos” que permitirá a la Administración parar un plan municipal o una obra ilegal antes de que se consolide; concesiones de cuatro años, en lugar de anuales, para los negocios playeros; y la elaboración de un estudio de los efectos del cambio climático en nuestra costas junto con políticas de lucha contra este fenómeno.

Si hay algo que está claro es que los aspectos medioambientales deben integrarse con los socioeconómicos para alcanzar lo que debería ser el objetivo de todo gobierno, más allá de colores y lemas, que es lograr un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible no debe ser visto como una política de la izquierda ni asociarse únicamente a los gritos de los ecologistas sino que debe empezar a formar parte de nuestra mentalidad, de nuestra manera de funcionar, debe convertirse en un objetivo social, independiente de quién duerma en la Moncloa.

Los objetivos fundamentales de esta reforma, según sus defensores, son la protección medioambiental del litoral, así como de los derechos y la seguridad jurídica de las personas. Las consecuencias reales de esta reforma tardaremos unos años en verlas y será entonces cuando podremos juzgarlas. Si hemos aprendido algo de los errores del pasado, esos que nos han conducido a la crisis que ahora vivimos, no recurriremos al ladrillazo fácil con tal de conseguir una “revitalización económica”, porque ya hemos comprobado que eso es “pan para hoy y hambre para mañana”. Necesitamos nuestra costas y debemos aprender a compatibilizar la actividad económica del litoral con la preservación de éste mediante una ordenación integrada del espacio costero. Sólo así lograremos hacer un uso sostenible de la costa que garantice que ésta seguirá conservando sus valores ambientales, paisajísticos, sociales y económicos.