Inflación Legislativa Ambiental

Cuando hay verdadera voluntad de alcanzar un objetivo, sea éste de la naturaleza que sea, se procede con determinación, mediante instrucciones concretas, sencillas, directas y sin dar oportunidad al circunloquio o la distracción. En este sentido la mayoría de las grandes religiones se han mantenido e incluso han progresado a lo largo de la historia en base a unos pocos preceptos, claros, concisos e inmutables y en torno a ellos se ha regido la vida de millones de almas durante siglos e incluso milenios.

Hoy en día en una sociedad un tanto descreída pero en la que ciertas corrientes  sociales vuelven a resucitar  a la madre naturaleza como la diosa creadora, existe un amplio consenso en relación con la necesidad de conservar nuestro entorno, porque con independencia de matices, casi todos somos conscientes de que tras siglos de cierta simbiosis con el medio, en las últimas décadas se han cometidos tales abusos que se ha llegado a situaciones extremas cuando no irreversibles a las que debemos poner coto.

  • La calidad del aire es preocupante no sólo en las grandes ciudades y zonas industriales  sino que también a zonas remotas y poco pobladas se trasladan por ejemplo los efectos de la contaminación por ozono o las consecuencias del cambio climático.
  • Los ríos, los lagos e incluso los océanos muestran signos de deterioro y agotamiento que hacen imperioso vigilar las actividades humanas en su rededor para mantener un mínimo de calidad en sus aguas y preservar la vida en ellos.
  • El territorio se urbaniza de forma masiva, erigiendo barreras que hacen inviable la coexistencia del hombre con el resto de inquilinos del planeta azul.

Y por si fuera poco esto, el ruido, los malos olores, el exceso de luz o la destrucción del paisaje entre otros, deterioran de tal manera nuestro hábitat que de algún modo habrá que regular y poner freno a quienes perturban nuestro entorno y la manera más lógica, rápida y efectiva  de hacerlo es a través de la Ley si bien no podemos olvidar la función de la formación, la concienciación, la incentivación y en general cualquier otra herramienta de carácter voluntario o al menos no tan coercitiva.

Ahora bien, centrándonos en el objeto de esta reflexión  cuando analizamos lo que está ocurriendo al menos en España con la legislación Ambiental, la que trata de de preservar o en su caso recuperar el escenario global sobre el que transcurre  nuestra existencia, observamos que al contrario de lo que caracteriza a las grandes corrientes de pensamiento, que se sirven de pocos principios y claros,  proliferan multitud de fuentes legislativas que regulan hasta el mínimo detalle sin preocuparles los recursos ni tener en cuenta lo que se hace  pocos kilómetros más allá de su jurisdicción.

Como consecuencia de esta inflación legislativa agravada por la diversidad de sus fuentes, el elenco de organismos de aplicación y la variedad de agentes responsables de su funcionamiento, se produce una burocratización de la protección ambiental que  se traduce en no pocas ocasiones en solapamiento de regulaciones,  normas contradictorias,  conflictos de competencias, dejación de responsabilidades y en definitiva una dispersión de medios y voluntades que hacen menos efectivo el fin último de protección y recuperación de nuestro habitat.

Ahora bien, esto con ser importante  no deja de ser un burdo diagnóstico que soslaya la gran variedad de síntomas y efectos que esta situación genera, la gran mayoría de los cuales interaccionan y se retroalimentan entre sí, concibiendo una masa tumoral que consume los pocos recursos disponibles y deteriora la reputación del sistema. Sin ánimo de ser exhaustivo me gustaría pasar revista a algunos de los rasgos que lo caracterizan:

  • El modelo  actual de protección ambiental caracterizado por estar muy fragmentado no sólo incurre en elevados costes sino que ni es eficaz ni mucho menos eficiente.
  • Rompe en muchos casos la unidad de mercado y atenta contra la libre competencia, entorpeciendo el pilar económico de la sostenibilidad.
  • Produce efecto frontera tanto en su dimensión económica al poder favorecer la implantación de industrias en un territorio o en otro en virtud de la diferente benevolencia de normas y prácticas administrativas,  como ambientales al darse protecciones  diferentes a ambos lados de una línea imaginaria, así la caza de una determinada especie puede ser delito en una Comunidad,  infracción administrativa en la adyacente o incluso ser legal en otra.
  • Genera falta de confianza y desprestigio respecto al sector ambiental, perdiendo para la causa a todos aquellos que no están completamente convencidos y esperan cualquier coartada  para justificar su falta de apoyo.
  • Es un modelo complicado de conocer y gestionar en el que intervienen actores internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales lo que hace que su conocimiento  sea difícil de abarcar tanto por la sociedad en general como por el sector productivo  y que en ocasiones favorece los enfrentamientos territoriales.
  • A veces es tan exhaustivo y no fija suficientemente las prioridades que se hace imposible de poner en marcha por falta de medios, quedándose algunas políticas en meras declaraciones de intenciones.

En definitiva nuestro modelo de Protección Ambiental se caracteriza por una gran fragmentación territorial y competencial que se traduce en un coste económico muy alto y una poco eficiente asignación de recursos que en ocasiones  puede conllevar la falta de tutela de algunos recursos naturales. Por el contrario la Naturaleza no conoce fronteras y menos administrativas por lo que se debería legislar globalmente y gestionar localmente. Las reglas de juego deberían ser pocas, claras y tender a la universalidad y la vigilancia, seguimiento y control, cercanas al territorio y a las gentes. Sólo así seremos eficaces y eficientes.