Informe de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica (PARTE II)

LEER PARTE I 

Algunas recomendaciones de John H. Knox

En la parte final del su informe, el experto externa algunas recomendaciones que responden a algunos delos desafíos en materia de derechos humanos que Costa Rica viene acumulando desde varios años. En particular, entre muchos otras conclusiones, (punto 63) el hecho que: "Costa Rica /.../ tiene varios retos que superar: en primer lugar, es sumamente inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que estén bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes que rigen las áreas protegidas y la conservación. No debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales". En el punto 64 leemos que: " /.../ con respecto a todos los ciudadanos, el experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses". En el punto 65, el experto recuerda a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 50 de su informe) en los siguientes términos: "en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados". Habíamos tenido la oportunidad de desmenuzar brevemente el alcance de las valoraciones hechas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas a raíz de su visita a Costa Rica, análisis al que nos permitimos remitir el lector (ver breve artículo).

En el punto 67, leemos que. " /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica".  Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades (ver 
nota del Semanario Universidad). Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente consciente de la peligrosa tentación de algunos sectores que consiste en criminalizar la protesta social),  "recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos". 

En unas de sus últimas recomendaciones (Nota 5), John J. Knoxrecuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: "el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones". Se trata de las recomendaciones - algunas de carácter urgente - contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver 
documento completo descargable aquí). 

Algunas perspectivas

Un informe de esta naturaleza no pretender abarcar toda la problemática ambiental y su relación con los derechos humanos en Costa Rica. Es muy posible que muchas comunidades afectadas por la insensata expansión piñera, y otras por el desarrollo costero insostenible (para dar tan solo dos ejemplos) hubieran también deseado ver reflejadas sus luchas– o al menos mencionadas - en este documento. No obstante estas, y muchas otras limitaciones que podemos encontrar en el informe (Nota 6), creemos que se trata de una primera aproximación que debiera ser ampliamente difundida.  Tanto el informe de John H. Knox (2014) como los informes de James Anaya en relación al Proyecto Hidroeléctrico Diquis (2011) y el informe de Catarina Albuquerque (2009) sobre Agua y Saneamiento fueron elaborados por expertos internacionales en derechos humanos a raíz de una visita in situ a Costa Rica. Posiblemente pocas veces en la historia un Estado haya sido objeto de tantas visitas por parte de distintos relatores o expertos independientes en materia de derechos humanos en un plazo de tiempo tan corto. Si bien este hecho debiera ser celebrado como una saludable apertura de Costa Rica al escrutinio técnico de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, puede también  evidenciar el vigor de los movimientos sociales y de las comunidades de Costa Rica: recurrir a Naciones Unidasforma ahora parte del abanico de posibilidades para llamar la atención ante la ausencia de respuestas de un Estado a sus legítimos reclamos y derechos.  También se puede entender como una consecuencia lógica ante una peligrosa deriva del Estado costarricense en materia ambiental: ya en el 2009, se señalaba que, en Costa Rica, el Estado “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (ver el Informe “Estado de la Nación”, Informe XVI, 2009, p. 207). En los últimos años, Costa Rica ha sido sacudida por escándalos notorios en la materia, que agitaron a la opinión pública: ello inició en el 2008, y siguió siendo la tónica  hasta hace unas pocas semanas (en particular cuando se trata de proyectos ligados de una u otra forma a la inversión extranjera o a megaproyectos financiados con fondos provenientes del exterior). Las presiones políticas parecieran no haber sido del todo ajenas a esa extraña conducta del Estado, según una entrevista realizada en el 2009 a uno de los miembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) (Nota 7).

Conclusiones

Este nuevo informe aunado a los dos anteriores deexpertos de las Naciones Unidas coinciden todos enseñalamientos sobre problemas no resueltos y posibles vías de acción, tomando como base el respeto a los derechos humanos y la participación de las comunidades en materia ambiental. La lectura detallada de cada uno de sus recomendaciones  evidencia que muchas de ellas coinciden con los reclamos exigidos por las organizaciones sociales desde muchos años ante un “parco aparato estatal, incapaz de aprender de sus propios yerros” (ver nuestro artículo de junio del 2011:Biodiversidad, suelos, destrucción y silencios ). Similar sensación se deprende de otro artículo recientemente publicado (en relación a otro proyecto cuestionado, ver artículo de Allan Astorga, marzo del 2014: Aeropuerto en Osa: repitiendo errores del pasado). La referencia hechapor John H. Knox a las recomendaciones externadas a Costa Rica en el 2009 por su colega Catarina Albuquerque  (y a la fecha no implementadas) confirma esta misma sensación.

Esperemos que un futuro relator o experto independiente de las Naciones Unidas no deba dentro de unos pocos años referirse al incumplimiento de las recomendaciones señaladas por sus antecesores por parte del Estado costarricense. Hacemos de igual manera voto para que las nuevas autoridades de Costa Rica desde el pasado 8 de mayo del 2014 encuentren en todas y cada una de estas recomendaciones una útil hoja de ruta para guiar su accionar en los próximos años en Costa Rica. El alarmante deterioro de la situación ambiental heredado de las últimas administraciones y las golpeadas comunidades esperan ansiosos un cambio de actitud del Estado costarricense.

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Nota 5: la versión en español de este documento elaborado por el experto independiente John H Knox está disponible aquí, texto completo o bien puede ser solicitado al siguiente correo: cursodicr@gmail.com. De igual manera, la versión en inglés del mismo informe está disponible en este enlace que corresponde al sitio elaborado por el mismo John H. Knox. O bien puede ser solicitada y será remitida oportunamente por correo electrónico.

Nota 6: Editado en abril del 2014, el documento refiere erróneamente a la posición número 5 que ostentaba Costa Rica en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) y cuya estrepitosa caída hecha pública a finales de enero del 2014  (puesto 54) tuvimos la oportunidad de detallar en estas mismas páginas en este breve artículo. Se trata de un detalle menor (¿o no tan menor?) como algunos otros detectados al leer el documento.

Nota 7: En una entrevista concedida por el representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en la Comisión Plenaria de la SETENA al Semanario Universidad, titulada “SETENA es una entidad vulnerable ante presiones políticas” se lee que para el entrevistado: “El aspecto negativo lo voy a resumir en una frase suya: “no podemos frenar la inversión extranjera”. Entonces en nombre de la inversión extranjera ha habido presiones para que aceleremos los análisis, para que en esa “competitividad” saquemos proyectos con cierta premura, y con esto corremos el riesgo de que no se hagan los análisis debidamente, y por estas presiones creo que ahí pudimos haber tenido debilidades”.

Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)