La ruta escogida por Nicaragua para el futuro canal interoceánico (PARTE I)

Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Desde mediados del siglo XIX, el canal interoceánico ha causado un sin número de controversias en el istmo centroamericano, y conflictos diplomáticos entre Estados orquestados por dos potenciales rivales procurando controlarlo, Gran Bretaña y Estados Unidos. El peculiar régimen de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua acordado en 1858  responde en gran medida al futuro proyecto canalero: dos bahías en sus extremidades declaradas “comunes”, un solo Estado ejerciendo el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan, y competencias conjuntas en su defensa  completados por dos artículos en el tratado de 1858 que refieren a sus efectos sobre contratos de canalización. El proyecto de un segundo canal interoceánico, que ahora deberá cumplir con reglas en materia de protección del ambiente y otras reglas del derecho internacional contemporáneo aplicables, pareciera ahora interesar a dos potencias extra regionales, a saber China y más recientemente a Rusia.

El pasado Lunes 7 de julio se anunció en Nicaragua la ruta escogida para el futuro canal interoceánico que pretende construir el país vecino: este atravesará el Gran Lago Cocibolca (8.264 kilómetros cuadrados), considerado como el segundo más grande en América Latina después del lago Titicaca (8.562 kilómetros cuadrados), según lo anunciado por el Gobierno y la empresa concesionaria china HKND. Con un ancho proyectado de 230 metros, es menester indicar que de los 278 kilómetros de longitud del canalque conllevala opción de la“ruta 4”, unos 105 corresponderán al sector del lago. En esta nota de un medio de prensa de Nicaragua,están disponibles las presentaciones detalladas del proyecto realizadas por las autoridades y por la empresa china concesionaria el pasado Lunes (ver nota de Confidencial).

Es de recalcar que se estima que el costo de este futuro canal asciende a más de 40.000 millones de US$, mientras que en el 2006, se preveía un costo de 18.000 millones de US$ (ver presentación oficial de agosto del 2006) para una obra consimilares características.

La profundidad promedio del Lago Cocibolca en Nicaragua es de unos 12 metros y pareciera existir información técnica más reciente, desde la campaña de sondeos realizada en 1972, que no se deja entrever en documentos públicos. En algunos artículos, se precisa que al sur de la Isla  de Ometepe, la profundidad es mayor a 70 metros, pero en otros estudios (ver por ejemplo primera página de 
esta ficha) se precisa que: "aunque se ha afirmado que la profundidad llega a 70 metros al sureste de la Isla de Ometepe, sondeos practicados únicamente en la mitad occidental del Lago no sobrepasaron los 23 metros". Esta misma aseveración se encuentra en un estudio publicado en 1973 (p. 11).

Independientemente de la incertidumbre con relación a la profundidad del lago, varias organizaciones de Nicaragua, entre ellas el Centro Humboldt, han externado serias dudas con relación al impacto al ambiente de este megaproyecto en Nicaragua. Estas consideraciones han encontrado de igual manera eco en la revista Nature (ver artículo) o National Geographic (ver artículo) del año.

De la misma manera, sectores académicos en Nicaragua han unido esfuerzos y publicado recientemente (en el mes de julio del 2014) una muy completa compilación de estudios auspiciada por la Academia de Ciencias de Nicaragua titulada “El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate” (Nota 1). En varios artículos se percibe la misma preocupación de los universitarios llamados a contribuir a esta obra, en gran parte debido al hermetismo con el que se han manejado los datos técnicos por parte de las autoridades nicaragüenses. Varios de ellos concluyen sus artículos exigiendo que entes independientes y que la academia en Nicaragua sea tomada en consideración para valorar los supuestos beneficios del proyecto y evaluar los riesgos que conlleva. Las páginas 111-112 de este estudio sobre los beneficios otorgados a las dos empresas chinas revisten particular interés. Uno de los especialistas de Nicaragua con relación a los cuerpos de agua y sus complejos equilibrios, es enfático al iniciar su análisis: “El propósito de estas líneas es mostrar que, independientemente de la factibilidad constructiva y factibilidad comercial de la obra inicial, la sostenibilidad ambiental de este magno proyecto presenta probabilidades muy bajas de  obtenerse si se emplea el Cocibolca como parte de la ruta. arriesgándose a un colapso a mediano plazo de dicha iniciativa, y con ello una tragedia económica, social y ambiental para nuestro país” (p. 57).

La posición de Costa Rica

El pasado 15 de julio del 2014, Costa Rica solicitó formalmente a Nicaragua una copia de los estudios de impacto ambiental (ver nota de La Nación) exigiendo, entre otros conocer los estudios sobre los impactos transfronterizos de este colosal proyecto, así como los efectos de la sedimentación sobre el Colorado, río que corre en territorio costarricense. Un años atrás, y tal y como indicado en una modesto artículo publicado en Elpais.cr en su edición del 15/06/2013, Costa Rica se había considerado en el 2013 satisfecha con el hecho que la ruta escogida no fuera la del río San Juan, río fronterizo entre ambos Estados. Habíamos no obstante indicado en aquel momento que la cuenca del río San Juan (de la que el lago es parte), y que los acuíferos que posiblemente comparten ambos Estados (a los que no es ajenola masa lacustre que representa el lago), dependen en gran parte de los equilibrios naturales de estacompleja cuenca hidrográfica. En lo relacionado con el río San Juan, nos permitimos indicar que"Costa Rica no debiera conformarse con este "alejamiento" (según el vocablo de la nota de prensa antes citada) del proyecto de canal del Río San Juan: en efecto, el nombre antiguo de este rio es "Rio Desaguadero" del Lago de Nicaragua y a la fecha no se tiene certeza sobre la proporción existente entre el desaguadero natural del lago (el Río San Juan) en relación con el desaguadero artificial planeado (el canal interoceánico de 20 metros de ancho, 24 metros de profundidad y 286 kilómetros de largo, según reportes en prensa). Tratándose de una zona que será impactada por cambios en el régimen de precipitación en años venideros, ambos Estados ribereños del San Juan deberían de encontrar un acuerdo para garantizar que siga fluyendo por el río San Juan un caudal ecológico o "caudal ambiental", tal como definido en la Declaración de Brisbarne del 2007, que se caracteriza de la siguiente manera: "Los caudales ambientales incluyen la cantidad, periodicidad y calidad del agua que se requiere para sostener los ecosistemas dulceacuícolas, estuarios y el bienestar humano que depende de éstos ecosistemas".Una versión más resumida del mismo artículo fue también publicada el 19/06/2013 en La Nación.

Con relación a los acuíferos que comparten Costa Rica y Nicaragua, los estudios técnicos del proyecto minero ubicado en la localidad de las Crucitas evidenciaron la existencia de un acuífero regional en la zona, así como la falta de estudios por parte del Servicio Nacional de Agua y Avenamiento (SENARA) de Costa Rica sobre los acuíferos en la Zona Norte. Un intercambio público (pero inconcluso) de opiniones del suscrito con el Ministro de Ambiente de la época examina este aspecto preciso (Nota 2)con relación al faltante de información del Estado costarricense. Una valiente denuncia de un funcionario de SENARA ante el fallo (¿fallonazo?) de la Sala Constitucional del 16 de abril del 2010 en el caso Crucitas ahonda de igual manera en ese sentido (ver el artículo de Miguel Ramírez); la denuncia fue ratificada públicamente por un geólogo y especialista en evaluación ambiental, unos meses después (ver artículo de Allan Astorga).

Remitimos al lector a algunas consideraciones sobre estas y muchas otras lagunas existentes en América Central en materia de gestión conjunta de acuíferos compartidos, pese a las respuestas que el derecho internacional público ofrece a Estados que comparten acuíferos transfronterizos desde el 2009 (ver nuestro modesto estudio publicado en España).

Algunos detalles legales

Haciendo a un lado la renuencia de los Estados de la región centroamericana a desarrollar una gestión conjunta de sus acuíferos compartidos, y volviendo al tema del canal interoceánico de Nicaragua, es menester indicar que la ley 800 aprobada el 3 de julio del 2012  por el Poder Legislativo de Nicaragua (ver texto) establece (artículos 20 a 28) los principios modernos de la gestión ambiental a los que se sujeta a la nueva autoridad pública a cargo del canal en Nicaragua. No obstante, el artículo 16 de la ley 840 aprobada un año después en junio del 2013 (ver texto)por el mismo Congreso de Nicaragua permite aclarar sus alcances con relación a las responsabilidades del concesionario: se lee en efecto en este artículo que: "Ni El Concesionario ni ninguna otra Parte de Sub-Proyecto serán responsables o tendrán responsabilidades frente a ninguna persona, incluyendo Entidades Gubernamentales, con respecto a condiciones ambientales preexistentes ya sean de limpieza, manejo o alguna otra acción vinculada a condición ambiental preexistente de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto, incluyendo en cada caso las superficies de tales áreas así como el espacio aéreo, subterráneo y el agua ubicada bajo, sobre o a través de tales áreas. En ese sentido, tanto El Concesionario como cada Parte de Sub-Proyecto no tendrán, ni conjunta ni individualmente, obligación de asumir cualquier remedio o de pagar ninguna compensación, daños u otra cantidad relacionada con condiciones ambientales preexistentes de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto incluyendo en cada caso, las superficies de tales áreas así como el espacio aéreo, subterráneo y el agua ubicada bajo, sobre o a través de tales áreas. 

En ese sentido, tanto El Concesionario como cada Parte de Sub-Proyecto no tendrán, ni conjunta ni individualmente, obligación de asumir cualquier remedio o de pagar ninguna compensación, daños u otra cantidad relacionada con condiciones ambientales preexistentes de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto incluyendo en cada caso, las superficies de tales áreas así como el espacio aéreo, subterráneo y el agua ubicada bajo, sobre o a través de tales áreas. ". 

El Artículo 17 b) por su parte establece un inédito ámbito de no aplicación del derecho en el ordenamiento jurídico de Nicaragua, al señalar que “Será inaplicable a El Proyecto o los Sub-proyectos: cualquier ley, código, o decreto que tenga fuerza de ley, así como cualquier reglamento, decreto, ordenanza o resolución emitida por cualquier Entidad Gubernamental que contradiga o impida:

  • (i) el cumplimiento de las obligaciones de cualquier parte de El MAC en virtud a los disposiciones de El MAC incluyendo cualquier asunto que en base a las disposiciones de El MAC, el Gobierno deba cumplir, procurar o usar sus mejores esfuerzos para obtener o asegurar
  • (ii) el ejercicio de los derechos otorgados a cualquier Parte de Sub-Proyecto en virtud de las disposiciones del MCA”(por MCA se entiende el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación, según definido en el Art. 1 a) de la misma ley 840).

En lo que concierne a otros aspectos legales, el análisis del jurista Alejandro Aguilar titulado “Aspectos jurídicos-contractuales de la concesión canalera” que contiene la publicación de la Academia  de Ciencias de Nicaragua precitada reviste especial interés, denunciando, entre muchas otras incongruencias, la “traducción incomprensible” (pp. 112-113) del contrato oficial de concesión, con “partes del documento que son ininteligibles en la lengua de Cervantes” (p. 112).

Un estudio comparativo entre Costa Rica y Nicaragua con relación a las cláusulas de exoneración de responsabilidad en materia ambiental insertas en los contratos con concesionarios chinos arrojaría posiblemente algunas luces sobre las políticas que en materia contractual pareciera llevar adelante China en sus relaciones con los Estados de Centroamérica. Varios de los últimos escándalos políticos en Costa Rica se relacionan con intentos de aprobaciones expeditas de proyectos de China (caso de la refinería china de RECOPE en el 2012, considerado como una verdadera “estafa por algunos analistas costarricenses, caso de la ampliación de cuatro carriles de la ruta a la costa Atlántica, conocida como Ruta 32, en el 2013, concesionada a una corporación china cuestionada, entre otros, por el Banco Mundial): se trata de concesiones de megaproyectos a empresas de capital chino acordadas con la diplomacia china por Costa Rica en años recientes.Estos escándalos, que se desmenuzan en otros de factura más modesta (ver reciente nota del Semanario Universidad) ilustran a su manera una frase leída recientemente en un análisis crítico de la diplomacia china, según la cual. “The real business of Chinese diplomacy is, in fact, business” (ver artículo).

Próximamente, Parte II