La ruta escogida por Nicaragua para el futuro canal interoceánico (PARTE II)

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Un interés reciente en concretar el proyecto

Desde la firma del tratado Cañas-Jerez de 1858 entre Costa Rica y Nicaragua, Costa Rica posee derechos perpetuos de navegación en el río San Juan para fines comerciales. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua acordada en 1858  responde en gran medida al futuro proyecto canalero: dos bahías en sus extremidades declaradas “comunes”, un solo Estado ejerciendo el “dominio y sumo imperio” sobre las aguas del río San Juan, y competencias conjuntas en materia de defensa del río. El tratado es  completado con dos artículos que refieren a sus efectos sobre los contratos de canalización. Este tratado de 1858 retoma la línea acordada entre Estados Unidos y Gran Bretaña unos años antes para definir la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, tal como lo estipula el artículo III del tratado Webster-Crampton (suscrito el 30 de abril de 1852). La diferencia entre ambas líneas refiere a que la de 1852 (pactada entre las dos potencias anglosajonas) menciona que inicia en el “South Bank of Colorado at its confluence with the sea at high watermark on said river” mientras que la de 1858 (acordada entre San José y Managua) la ubica en “la extremidad de Punta Castilla en la desembocadura del río San Juan de Nicaragua”.

Esta diferencia intentó luego ser remediada por los dos ribereños del San Juan mediante la firma de varios tratados que nunca llegaron a ser debidamente ratificados: el tratado del 13 de julio de 1868 sobre “el mejoramiento de uno de los ríos Colorado o San Juan”, la Convención Esquivel-Rivas del 21 de diciembre de 1868 - en la que Costa Rica concedelas aguas del Río Colorado para que Nicaragua las desvíe y “pueda obtener el restablecimiento o mejora del puerto de San Juan de Nicaragua” (Art. 1);y el tratado del 2 de junio de 1869 en igual sentido. El 5 de febrero de 1883 un nuevo tratado fue firmado y,esta vez, Costa Rica aceptaba que la frontera con Nicaragua iniciara en la desembocadura del Rio Colorado (art. 1), lo que confirmaría el tratadosobre el canal inter-oceánico del 19 de enero de 1884 (art. V). Estos cinco tratados adoptados en menos de 20 años no surtieron efecto al adolecer de aprobación de los respectivos congresos de la época, pero evidencian las presiones ejercidas para intentar ajustar la línea fronteriza a la acordada entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1852. 

Pese a estos intentos de modificar el trazado acordado en 1858, una constante aparece: desde 1858, los derechos de navegación para fines comercialesfueron siempre invocados por Costa Rica a lo largo de la historia para detener o frenar cualquier intento unilateral de Nicaragua de canalizar el río San Juan. Un tratado suscrito el 5 de abril de 1940 entre ambos Estados pareciera ser el último intento concertado para canalizar las aguas del río San Juan. El hecho que desde el 2011, en declaraciones de sus máximas autoridades, Costa Rica haya anunciado que con la construcción de la denominada "trocha fronteriza", los costarricenses “ya no tendrán que depender de Nicaragua” para navegar por el río San Juan, ha posiblemente tenido un efecto indirecto: el de revivir el proyecto decanal interoceánico (ver nuestras declaraciones en nota del Semanario Univesridad).

Remitimos al lector a un breve análisis sobre las razones oficiales dadas por Costa Rica para justificar semejante "obra" paralela al río San Juan (con una longitud de 154 kilómetros) publicado en un breve artículo desde la perspectiva del derecho internacional. Si bien Nicaragua descartó años después del año 2011 la opción de un canal por el río San Juan, la solución alternativa para “no tener que depender de Nicaragua” en el ejercicio de sus derechos de navegación en las aguas del San Juan por parte de Costa Rica puede haber influido de alguna u otra manera en reactivar este proyecto de canal interoceánico a partir del 2011. Entre dos sujetos de derecho, la renuncia tácita al ejercicio de un derecho y la renuncia a dicho derecho son separadas por un hilo bastante delgado. Este último se vuelve particularmente tenue cuando se trata de dos Estados, y de competencias territoriales o derechos soberanos.

Precisamente (y posiblemente consciente del error cometido) en el mes de junio del 2012, sin tener aún claridad sobre la ruta escogida por Nicaragua para el futuro canal, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica había oficialmente emitido una nota diplomática a Nicaragua en los siguientes términos (ver breve nota al respecto de junio del 2012) en la que expresaba que: “Mi Gobierno solicita al de Nicaragua el envío, por los canales diplomáticos correspondientes, de toda la documentación relacionada con la posible construcción del referido canal, en cumplimiento con lo dispuesto por estos instrumentos y el derecho internacional. Dicha documentación debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del río San Juan y su navegabilidad, las afectaciones al río Colorado y a la ribera derecha costarricense del río San Juan”. 

Los socios de Nicaragua

Desde varios años, se ha hecho ver que es China quién apoyará a Nicaragua en este proyecto, y que la concesionaria del canal es una empresa china. No obstante, una nota reciente de RussiaToday indica que las autoridades rusas estudian la factibilidad de contribuir de igual manera con China y con Nicaragua a la construcción del antes mencionado proyecto de canal interoceánico a través del territorio nicaragüense. La renovada cooperación entre Nicaragua y Rusia en otros ámbitos fue objeto de las últimas declaraciones del canciller saliente de la administración (2010-2014) en Costa Rica (ver nota del Tico Times).

Con relación a los estudios técnicos, se mencionó durante el 2013 que serán empresas consultoras de diversos países europeos las que tendrán a su cargo los estudios. Según una 
nota de la BBC de mayo del 2014, será una empresa británica la que estará a cargo de realizar los diversos estudios técnicos, incluyendo los estudios de impacto ambiental. 

Ambiente y concertación en la cuenca del San Juan

Cabe recordar que en 1997, Costa Rica y Nicaragua, con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) realizaron de manera conjunta un "Estudio de Diagnóstico de la Cuenca del Rio San Juan y lineamientos del Plan de Acción", en el marco del programa conjunto denominado "Pro Cuenca San Juan" (ver enlace oficial). Se trata de un estudio preliminar sobre la vulnerabilidad de la cuenca hidrográfica del San Juan que ambos Estados comparten que se realizó en un período de cierta distensión y entendimiento de ambos ribereños del San Juan, y que corresponde a la administración (1994 -1998) en Costa Rica. Además de dicho estudio realizado por técnicos de ambos lados del río, ambos Estados procedieron a la “densificación” (colocación de mojones o hitos intermediarios) de parte de la frontera norte durante este mismo período. Asimismo intentaron resolver mediante negociaciones diplomáticas el delicado tema de la portación de armas de policías de Costa Rica en tareas de operaciones de vigilancia y de abastecimiento de puestos fronterizos en las aguas del río San Juan. Costa Rica basaba este uso en las disposiciones del tratado de 1858 que refieren a competencias en materia de “guarda” del San Juan (artículo IV), mientras que Nicaragua objetaba el uso de armas de cierto calibre para estas tareas y cuestionaba que Costa Rica pudiera navegar sin pedir autorización alguna para tareas policiales. El acuerdo alcanzado conocido como el acuerdo Cuadra-Lizano suscrito en julio de 1998, en tan solo cuatro artículos (ver texto del acuerdo), logró plasmar una solución técnica a un problema técnico, en lo que pareciera ser el último ejercicio de negociación bilateral exitoso entre ambos Estados. Lamentablemente, Nicaragua desconocería días después este acuerdodebido a cuestionamientos en Nicaragua (ver nota de La Nación de agosto de 1998). Leemos en esta misma nota un detalle de interés: “ /…/  el director de la Policía de Fronteras, coronel Max Cayetano Vega, circuló una nota entre los guardias civiles donde les notifica que podrán transitar el río siempre y cuando informen a los soldados nicaragüenses. La nota advirtió a los policías que "deberán observar una conducta adecuada, sin hacer alardes de prepotencia o exhibicionismo" /.../”

La posterior denuncia del acuerdo Cuadra Lizano por parte de Nicaragua iniciaría una fase de incertidumbre y de turbulencia entre ambos Estados. Posteriormente, Costa Rica acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el 2005 para defender este y otros derechos de navegación, obteniendo un fallo adverso sobre el uso de las aguas del San Juan por parte de sus policías (ver texto de la sentencia del 13 de julio del 2009 de la CIJ, párr. 156 inciso h, adoptado por unanimidad por los jueces de la CIJ): se trata de un interesante ejercicio ante la CIJ en el que un derecho de un Estado estipulado en un tratado de 1858 (cuyo ejercicio es aceptado de manera reticente por el otro Estado más no ignorado) finaliza ante los jueces de La Haya (a solicitud de su titular) con su negación.Un poco más de un año después de la decisión de a CIJ, la crisis de Isla Portillos en el 2010 desnudaría la total ausencia de mecanismos de vigilancia policiales de Costa Rica en el extremo noreste de su territorio y parte de su frontera norte.

Paralelamente, desde inicios de los años 2000, ambos Estados se enfrascarían en lo que algunos politólogos han denominado la “sanjuanización” de sus relaciones bilaterales,de la que las consideraciones ambientales no salen ilesas, tal y como lo hemos podido apreciar en años recientes (y tal y como lo muestra la degradación sostenida de la cuenca del San Juan desde el punto de vista ambiental). La reciente solicitud de Costa Rica a Nicaragua del 15 julio del 2014 (ver nota de La Nación) viene a completar una secuencia de preocupaciones ambientales que fueron obviadas en los últimos años y que a continuación desglosamos por orden cronológico. Se trata básicamente de:

  • Las legítimas preocupaciones ambientales de Nicaragua no atendidas por Costa Rica en el 2008 en el caso del proyecto minero de Crucitas (ver texto del comunicado de prensade Costa Rica del 5 de junio del 2008)

  • Las legítimas preocupaciones de Costa Rica con relación al dragado del San Juan en el 2010 (con una pequeña digresión del entonces canciller René Castro en su viaje a Managua en julio del 2010 y unas extrañas declaraciones ante sus propios diputados el 8 de septiembre del 2010: ver solicitudes de aclaración del entonces diputado Claudio Monde Pereira en Actas del 4/10/2010 de la Asamblea Legislativa, pp. 16-21.Dichas aseveraciones del canciller René Castro fueron invocadas por la misma Nicaragua ante los jueces en La Haya en enero del 2011 durante las audiencias orales) (Nota 3).

  • Las preocupaciones de igual índole externadas por Nicaragua a Costa Rica ante la construcción de la denominada “trocha fronteriza” paralela al río San Juan realizada por Costa Rica a partir de mediados del 2011 sin ningún tipo de estudio aduciendo una “emergencia” declarada en los 6 cantones fronterizos. Esta emergencia decretada en marzo del 2011, muchos meses después de la ocupación ilegal de su territorio por parte de Nicaragua constatada en octubre del 2010 en Isla Portillos, fue considerada recientemente por un jurista como inexistente (ver artículo del jurista Luis Roberto Zamora Bolaños, La trocha: el elefante en el cuarto que precisa que: “El elefante es que el Decreto de Emergencia fue publicado el día antes de la sentencia de medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a ambos gobiernos mantener la zona despejada y abstenerse de enviar personal. Dicho lo anterior… ¡la emergencia dejó de existir el día después de publicado el decreto! En otras palabras, el decreto de “emergencia” perdió toda su vigencia el día después de publicado, ergo, la Trocha nunca debió haber sido construida por haber cesado la situación material que daba fundamento al Decreto”.

Conclusiones

Más allá de las extrañezas que a veces nos encontramos en algunos decretos ejecutivos, como el antes mencionado (siempre vigente a la hora de redactar esta nota), será posiblemente la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la llamada a recordar, dentro de unos años, a ambos Estados ribereños del San Juan (en los casos del dragado y la denominada “trocha fronteriza”) una mayor consistencia a la hora de invocar normas relativas a la protección del ambiente cuando se es ribereño de un río fronterizo.Es muy probable que el único ganador de la larga y desgastantecontienda que se libran Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ sea el conjunto de reglas internacionales atinentes a la protección del ambiente que ambos ribereños del San Juan han invocado en sus respectivas demandas internacionales. Una visión integral de la CIJ de lo que se denomina “cuenca hidrográfica” en geografía y “curso de agua internacional” (y ya no “río internacional”) en derecho internacional contemporáneo (según la definición dada en la “Convención de Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (ver texto completo) podría precisar el alcance de estas reglas a ambos Estados.Gracias al depósito del instrumento de ratificación número 35 (ver listado oficial) por parte de Vietnam en mayo pasado, esta convención (que debiera de interesar más a Estados que comparten cuencas hidrográficas) entrará en vigor el próximo mes de agosto del 2014.

Nota 1: Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate, Serie Ciencia, Técnica y Sociedad, Managua,ACN, 2014, 173 páginas.

Nota 2: Remitimos al lector al siguiente debate público con las autoridades con relación a este polémico proyecto minero: nuestra nota de febrero del 2009 publicada en La Nación y nuestra respuesta de marzo del 2009 al artículo del señor Vice Ministro de Ambiente Jorge Rodríguez en reacción a la primera. La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de noviembre del 2010 refiere expresamente a este tema indicando que: “Mediante ese actuar, la empresa demandada llevó a error a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ese proceder malicioso de la referida empresa no se puede obviar, ni siquiera por el hecho de que los funcionarios de la indicada Secretaría también actuaron con total desapego a su deber de verificar las condiciones impuestas por la Dirección de Geología y Minas antes de aprobar lo requerido por Industrias Infinito”. (párr. IXX de la sentencia cuyo texto completo está disponible aquí). Los jueces del TCA concluyen este párrafo de la sentencia con una declaratoria de nulidad del acto impugnado de la siguiente manera: “Por todo lo anterior, independientemente de otras razones que se exponen en la presente sentencia, considera este Tribunal que la resolución número 170-2008-SETENA es absolutamente nula, toda vez que carece de la adecuada fundamentación, así como de motivo lícito, en el tanto obvió la limitación técnica establecida en el oficio DGM-DC-2085-2001 de la Dirección de Geología y Minas y avaló los cambios propuestos al proyecto, los cuales era legalmente imposible siquiera examinar dada la condición técnica aludida. Y, a su vez, dado que la resolución 170-2008-SETENA era esencial para el dictado de la resolución R-217-2008-MINAE, al ser nula la primera, la segunda también deviene nula y así deben declararse ambas”.

Nota 3: Nos permitimos referir al lector a nuestro breve artículo publicado en Ambientico (UNA), “Implicaciones internacionales del dragado del San Juan: de advertencias desatendidas a riesgos de sanjuanización” (Núm. 209, Febrero 2011), disponibleaquí, pp. 15-17.